El día 18 la dirección de Saint-Gobain Cristalería comunicó a la Representación Social su intención de
aplicar un ERTE por causas de fuerza mayor para los dos centros de España. Los argumentos esgrimidos son
principalmente el parón industrial del sector del automóvil y la escasez de medios para garantizar la salud de
la plantilla. El mismo día 18 a partir del turno de tarde se paralizó la producción de SEKURIT en toda la
región. El float de l’Arboç sería la siguiente instalación en detener su actividad, ya que su producción está
fuertemente ligada a la producción de vidrio de automóvil. Finalmente, después de un plazo que no está totalmente determinado, se produciría la parada de la división de construcción en Avilés. Primero los
transformados y finalmente la producción del horno.
Para llevar esta medida a cabo, anunció su intención de aplicar las medidas económicas aprobadas por
el Gobierno. Aún así, planteó que podía incrementar ligeramente las prestaciones públicas, eso sí, siempre
que tuviera un acuerdo con la parte social.
Una negociación atípica, donde la empresa tenía la decisión tomada con tiempo de antelación,
desplegando todo tipo de amenazas, plagada de improvisaciones y contradicciones, aprovechandose del mie -
do y sin garantizar que el retorno a la actividad se realice con todas las garantías de empleo. Y por otra parte,
una posición social muy debilitada, basada en la sumisión y en un entreguismo que en nada beneficia a nuestro futuro en las dos fábricas.
La Sección Sindical CSI no justificaremos este tipo de ERTE, ni blanquearemos ningún acuerdo inadmisible. Creemos que por la salud de la plantilla se tiene que suspender la actividad de las instalaciones con
total seguridad y esta paralización no puede ser a través de un ERTE, sino mediante del artículo 30 del ET, de
manera que se conserve el derecho al salario. Entendemos que Saint Gobain tiene beneficios, capacidad económica y reserva financiera sobrada para afrontarlo, sin recurrir a los fondos públicos. En una situación de
emergencia social, el Estado, que tiene una deuda superior al 100% de PIB, está asumiendo prácticamente la
totalidad del coste de la situación. Esta Multinacional tiene que ser solidaria y corresponsable con la sociedad
en este periodo de excepcionalidad global, tal y como ésta lo fue en el pasado con ella.
Un ERTE, que significa la suspensión de la relación laboral, siempre es negativo para las trabajadoras
y trabajadores, ya que pasan a depender de las prestaciones sociales, más aún en una situación como la que
vivimos.
Una empresa que nos está dando todas las largas para entregarnos un Plan Industrial e incluso para reunirnos para despejar el futuro, se les facilita la firma, desde el propio Comité, de un ERTE a la carta, en
tiempo record y sin ningún tipo de problema e inconveniente.
Si la empresa quiere usar las herramientas proporcionadas por el Gobierno, que lo haga unilateralmente, si éste se lo permite. Pero que la parte social apoye con su firma la justificación para que lo haga es muy
peligroso. La justificación puede servir para que la empresa las use para mantener las medidas actuales y
prorrogarlas de manera indefinida. Aceptar la posición de la empresa no garantiza ningún futuro y además
nos debilita de cara a lo que pueda pasar. Toda la parte Social tiene la responsabilidad de ser valiente y no
justificar ninguna medida que, al final, deja desprotegida a la plantilla.
